Este martes, el juez del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla,ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido, tras la denuncia presentada por el abogado despedido por la formación morada José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal.
No es la primera vez que este juez está en el centro de la polémica. Fue él quien, en 2018, archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de muerte contra Manuela Carmena en un chat de la Policía Municipal. En el chat se decían cosas como que que Adolf Hitler hacía las cosas bien, que la exalcaldesa era una “hija de la gran puta roja de mierda mal parida” o que “lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”.
Escalonilla concluyó que “la inexistencia de indicios racionales de que los hechos objeto de denuncia sean constitutivos de un delito tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal, ni de delitos de amenazas”. Consideró que no había odio porque los comentarios no eran sobre ningún coletivo, grupo o personas determinadas.
Ya entonces, Comisiones Obreras (CCOO) aseguró que el archivo de este caso se trataba de una “decisión política”, que “obedece a una ideología política”.
Es el mismo juez que ha admitido a Vox como acusación popular en la causa de malversación de Podemos. Lo ha hecho sin dictaminar al partido de Abascal la fianza habitual que se hace en estos casos para limitar el número de miembros en la acusación. Esta fianza viene determinada en el artículo 2180 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este caso ha imputado a Podemos como persona jurídica, a Juan Manuel del Olmo —secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y estrecho colaborador de Pablo Iglesias—, a Daniel de Frutos —tesorero—, y a la gerente de la formación, Rocío Val.
Según Podemos, solo se ha proporcionado a sus abogados la grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos, y “con importantes deficiencias técnicas que impiden entender gran parte de lo declarado”, sin que conste el “tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos”.