“Vinimos a Estados Unidos, donde yo esperaba construir una vida mejor y más segura para mi hija Marie. Lastimosamente, vi morir a mi niña lenta y muy dolorosamente”. 

Las palabras de Yazmín Juárez, una solicitante de asilo guatemalteca, todavía resuenan después de que el pasado miércoles relatara su dramática historia ante el Congreso de Estados Unidos. 

Su caso y el de su hija, que murió semanas después de salir del centro de un centro de detención de Texas por una infección respiratoria no tratada convenientemente, han conmocionado a un amplio sector de la sociedad estadounidense que aguanta la respiración ante la inminente repatriación de miles de personas. 

Una medida que, según publicó esta semana The New York Times y tal y como ha confirmado el propio Trump, se ha iniciado este fin de semana.

Según han informado fuentes del Servicio de Inmigración, afectará a unas 2.000 personas. Muchas de ellas cuentan con una orden de deportación y, en algunos casos, no se presentaron ante los tribunales de inmigración. 

Los arrestados serán llevados a centros de detención familiar en Texas y Pennsylvania, como al que fueron trasladadas Yazmín y su hija, antes de ser deportados definitivamente.  

Será una operación que tendrá lugar en al menos una decena de ciudades importantes del país y que a última hora del domingo ya se había iniciado con algunas redadas pero sin detenciones, según informan medios locales. 

La amenaza de Trump

Y eso que Trump la suspendió cautelarmente hace dos semanas. Lo hizo después de las quejas de gran parte de la oposición, entre ellas la congresista demócrata Nancy Pelosi, que describió estas redadas como una medida “sin corazón”.

Pero no sólo por eso. Según The New York Times, tampoco ha gustado nada a miembros del Departamento de Seguridad Nacional, donde hay una importante “división”. 

Lejos de asumir este problema interno, Trump dijo que interrumpía la deportación “para ver si los Demócratas se pueden reunir y buscar una solución a los problemas en la frontera sur”. ”¡Si no, las deportaciones comenzarán!”, amenazó.

Días después, el Senado aprobaba una ayuda de 4.600 millones de dólares para abordar la situación en la frontera. 

Sin embargo el malestar está ahí y los agentes temen que la falta de prudencia de Trump, muy dado a sacar pecho en Twitter de todo lo que hace (y deshace), pueda afectar a las deportaciones. 

Para empezar, porque temen que muchas de las familias a las que se quiere deportar, tras enterarse del inicio de las deportaciones hayan abandonado las casas que tiene registrado el Servicio de Inmigración. 

Y después porque las organizaciones de derechos humanos y también líderes del partido Demócrata, como la senadora Elizabeth Warren, están distribuyendo entre la población migrante información sobre los derechos que les asisten. 

Entre esos derechos, que los agentes del Servicio de Inmigración no pueden entrar sin autorización judicial en las viviendas. 

Además, existe el peligro de que se deporte a padres de hijos que sí son ciudadanos estadounidenses o que se separe a miembros de una familia que tengan autorización para residir en el país.

Es decir, podríamos volver a ver las imágenes de niños separados de sus padres, que tanto dolor y conmoción generaron en la sociedad.

Pero nada frena al presidente estadounidense. El viernes, el propio Trump confirmaba que las deportaciones comenzarán este fin de semana e incluso se rumoreaba con la posibilidad de que se acercara a visitar algún centro de detención.

A última hora del día comenzaron a llegar a diversas poblaciones del país grupos de agentes del Servicio de Inmigración. Como al área agrícola de Immokalee, al sureste de Florida, donde la gran mayoría de sus habitantes son hispanos. 

Mientras, en su cuenta de Twitter, el Servicio de Inmigración trataba de contrarrestar la campaña de críticas con un vídeo en el que aseguran que su labor es la de preservar la seguridad nacional del país. 

Las razones de la redada

Según medios estadounidenses, la idea de Trump es mandar un mensaje a los inmigrantes para disuadirles de la idea de tratar de cruzar la frontera ilegalmente.  

Más aún después de la oleada de inmigrantes que ha llegado en los últimos meses a Estados Unidos, la mayoría procedentes de Centroamérica.

Para intentar frenarla, Trump pretendía reunirse este lunes con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para convencerle de que el país centroamericano se convierta en Tercer País Seguro para EEUU, informa AFP. 

De llegarse a un acuerdo, esto obligaría a Guatemala a tramitar los pedidos de asilo de todos los migrantes que atraviesen su territorio en su camino a Estados Unidos. 

Acuerdo que Trump ya quiso negociar con México sin éxito y que ya ha recibido el ‘no’ de Morales, que incluso ha aplazado sin fecha la reunión a través de un comunicado en el que dice que “no existen planes para firmar un acuerdo que convierta Guatemala en un Tercer País Seguro”.

Tampoco hay que perder de vista que apenas queda un año para las elecciones y que Trump hizo del muro y de la inmigración uno de los temas fuertes de su campaña.  

Pero que nadie se lleve a engaño: no es sólo una obsesión de este presidente. Todas las administraciones americanas han llevado a cabo este tipo de redadas. De hecho, según datos recogidos por la CBS, fue bajo el mandato de Obama, en el año 2012, cuando más inmigrantes fueron deportados: 410.000 frente a los 250.000 del 2018.